Juan Francisco Merchán

Desde la modificación de la Ley del Registro Civil, el apellido paterno deja de ocupar la preferencia de orden sobre el materno en el momento de la inscripción registral del nuevo miembro familiar, lo que viene a suponer la manifestación práctica y efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres.

Siguiendo con una serie de artículos relacionados con el medio ambiente y la automoción, y que comenzamos en agosto con las medidas fiscales de promoción para la adquisición del vehículo ecológico, hoy  venimos a presentar al lector el  curioso panorama del sistema de identificación del vehículo respetuoso con la atmósfera y que ha generado más de un debate en corrillos de amigos y tertulias informales donde se habla de todo un poco.

Ha tenido poca transcendencia en los medios de comunicación la actualización legislativa que en su día aprobó la normativa que paralizaba -hasta mayo de 2017- los desalojos de las residencias habituales de aquellas  personas   que se veían inmersas en una ejecución por impago de la hipoteca, y no ha calado suficiente en la sociedad, que en estos momentos aquella original paralización queda ampliada hasta siete años más, es decir hasta 2020.

Hoy (08/10/2017) varias plataformas de afectados  de la Comunidad de Madrid y con el lema “Una Ley Como Una Casa” ha recordado la situación de muchas familias atrapadas por la ejecución hipotecaria ante la falta de hacer frente a sus obligaciones de amortización de su crédito.

Si algo está cambiando en el mercado de la automoción a la hora de adquirir un vehículo nuevo, es la concienciación respetuosa con el medio ambiente que fabricantes, vendedores y administraciones públicas están influyendo en los usuarios. La industria, las políticas de ventas y el impulso fiscal de la administración ejercen hoy en día de manera muy significativa en la toma de decisiones de empresas, autónomos y particulares en el momento de renovar su flota de  vehículos o la adquisición del primer automóvil.

En el artículo 106.2 de nuestra Constitución se recoge de manera genérica  el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños y lesiones ocasionados en  sus bienes y derechos con ocasión del funcionamiento de los servicios públicos, salvo causa de fuerza mayor y que estén recogidos en la ley.