Juan Francisco Merchán

-A vueltas con la Ley Concursal-

La Ley Concursal vuelve a sufrir una nueva modificación, otra más, si bien esta última estaba ya anunciada por la inminente transposición de la conocida como "Directiva de las Reestructuraciones", es decir, la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio que trata sobre la reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre todo en lo que respecta a las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, y porque modifica  la Directiva (UE) 2017/1132 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades.

El Tribunal Constitucional   publicó este miércoles 3 de noviembre de 2021 una nota informativa en la que anuncia que el su Sentencia de 26 de octubre de 2021 declara la inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía por posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución, precepto que, recordemos establece, en el marco de los derechos y deberes de los ciudadanos que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

El BOE del 17 de marzo publica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, que entrará en vigor el 1 de julio de 2021, excepto lo establecido en el apartado tres de la disposición final segunda, por la que se completa la incorporación al derecho interno de la Directiva (UE) 2015/719, que entrará en vigor el 18 de marzo de 2021.

La norma regula los servicios de auxilio en vías públicas con el objetivo último de garantizar la seguridad del sector, en el que unos 11.000 vehículos efectúan a diario numerosas operaciones de ayuda y rescate que entrañan un alto grado de peligrosidad.

La segunda opinión médica como derecho del paciente

Si en nuestro artículo del 2 de diciembre del año pasado tratábamos la importancia de la historia clínica como documento médico-legal, como uno de los derechos de los pacientes y sus familiares a la hora de obtener el historial médico del enfermo y con él acceder a la información transparente de los diagnósticos, los tratamientos a los que ha sido sometido y conocer la identidad del personal facultativo que ha emitido los juicios clínicos, valoraciones,  prescripciones , etc., hoy vamos a tratar el derecho de los enfermos a obtener un segundo dictamen sobre la patología de su afección.

Interpretación de los criterios de aplicación de la suspensión de términos e interrupción de plazos en los procedimientos
administrativos en materia de tráfico y circulación de vehículos tras la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Recientemente la Dirección General de Tráfico ha publicado la Intsrucción 20/S-152por la que fija los criterios interpretativos de apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en que se establece que será el Ministro del Interior quien constituye en autoridad delegada, en todo el territorio nacional y en su ámbito de responsabilidad, habilitándole de forma expresa para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

En este pequeño trabajo, se pretende difundir el actual código electrónico de la © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado temático decida al COVID-19.

Uno de los derechos reconocidos a los pacientes y sus familiares por la normativa básica de desarrollo en el ámbito sanitario es el acceso y puesta a disposición del historial médico, no sólo para los profesionales facultativos para el correcto seguimiento de la patología del enfermo, sino también los operadores del derecho a la hora de poder determinar la adecuada praxis médica y en caso contrario el poder estudiar las distintas posibilidades de solicitar las  reclamaciones correspondientes a las administraciones y centros sanitarios de los que dependa el personal médico,  reconocimiento de incapacidad profesionales para la concesión de ayudas y pensiones, e incluso en reclamaciones personales por imprudencias graves en el ejercicio profesional.

LA ACCIÓN COLECTIVA EN DEFENSA DEL FRAUDE ALIMENTARIO

Nuestro somero estudio a lo largo de este pequeño artículo, sirve de introducción previa a un trabajo jurídico de más calado sobre la defensa de los usuarios y consumidores que estamos desarrollando y en el que ahora pretendemos focalizar en el análisis de la tutela de los intereses de la colectividad  en el proceso civil en el campo del fraude alimentario, dejando para el futuro la persecución penal de la estafa alimenticia y delitos conexos como los relacionados con la salud pública, los relativos a los mercados y consumidores, la alteración de precios y blanqueo de capitales.

Exposición práctica sobre la actualización y adecuación en materia de pensión de viudedad.

A partir de este octubre de 2018, es decir, este mismo mes, las personas que superen los 65 años de edad y sean perceptoras en exclusiva de la pensión de viudedad, podrán ver incrementada una subida del 8 %, para ello hay que solicitarlo en los casos que ya se venía percibiendo, dado que sólo se aplica automáticamente para las nuevas solicitudes. Veamos qué dice el Real Decreto 900/2018 de 20 de julio que regula el aumento cuantitativo de la pensión de viudedad.

En una sociedad cada vez más cosmopolita, es muy frecuente la relación de pareja estable, consolidada con el matrimonio cuyos miembros pueden tener diversas nacionalidades, con residencia en un país distinto al de su propia nacionalidad y si me lo permiten para complicarlo aún más, el matrimonio entre ambos se ha celebrado bajo el paraguas de la legislación de un ordenamiento jurídico de un estado que no es ni el de la nacionalidad de cada uno los cónyuges, ni el de residencia del matrimonio en el momento de acordar su divorcio. Igualmente, dentro del territorio de la Unión Europea, donde existe libertad de movimiento de las personas y de residencia se ha extendido significativamente las oportunidades de celebraciones de matrimonios de nacionalidades intracomunitarias y extracomunitarias y con ello el aumento de conflictos matrimoniales con el ingrediente añadido de la internacionalización.

El nuevo MOD 179 de la AEAT sobre información de viviendas cedidas  con fines turísticos

El período estival ya lo tenemos aquí, al menos desde el punto de vista del calendario laboral y con él se ponen en el mercado un amplio número de inmuebles de alojamiento fuera de los canales habituales de agencias de viajes, inmobiliarias y operadores turísticos, por lo que la Agencia Tributaria, conocedora de estas prácticas ha puesto en marcha desde el pasado día 31 de mayo de este año una de las medidas antifraude en materia inmobiliaria que llevaba ya tiempo con intención de implantar.

Un código de buen gobierno en materia de alimentación.

En una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, cada vez existe más concienciación entre los consumidores de productos alimenticios de exigir sus derechos ante los productores y distribuidores de alimentos por las deficiencias e incumplimientos normativos del sector alimenticio, y al mismo tiempo, el nivel de valorización de calidad entre los industriales y agentes operadores del mercado de alimentos pone de manifiesto la vigilancia que entre ellos existe sobre todo en materia de defensa de la competencia y denuncias de prácticas fraudulentas.

Desde la modificación de la Ley del Registro Civil, el apellido paterno deja de ocupar la preferencia de orden sobre el materno en el momento de la inscripción registral del nuevo miembro familiar, lo que viene a suponer la manifestación práctica y efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres.

Siguiendo con una serie de artículos relacionados con el medio ambiente y la automoción, y que comenzamos en agosto con las medidas fiscales de promoción para la adquisición del vehículo ecológico, hoy  venimos a presentar al lector el  curioso panorama del sistema de identificación del vehículo respetuoso con la atmósfera y que ha generado más de un debate en corrillos de amigos y tertulias informales donde se habla de todo un poco.

Ha tenido poca transcendencia en los medios de comunicación la actualización legislativa que en su día aprobó la normativa que paralizaba -hasta mayo de 2017- los desalojos de las residencias habituales de aquellas  personas   que se veían inmersas en una ejecución por impago de la hipoteca, y no ha calado suficiente en la sociedad, que en estos momentos aquella original paralización queda ampliada hasta siete años más, es decir hasta 2020.

Hoy (08/10/2017) varias plataformas de afectados  de la Comunidad de Madrid y con el lema “Una Ley Como Una Casa” ha recordado la situación de muchas familias atrapadas por la ejecución hipotecaria ante la falta de hacer frente a sus obligaciones de amortización de su crédito.

Si algo está cambiando en el mercado de la automoción a la hora de adquirir un vehículo nuevo, es la concienciación respetuosa con el medio ambiente que fabricantes, vendedores y administraciones públicas están influyendo en los usuarios. La industria, las políticas de ventas y el impulso fiscal de la administración ejercen hoy en día de manera muy significativa en la toma de decisiones de empresas, autónomos y particulares en el momento de renovar su flota de  vehículos o la adquisición del primer automóvil.

En el artículo 106.2 de nuestra Constitución se recoge de manera genérica  el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños y lesiones ocasionados en  sus bienes y derechos con ocasión del funcionamiento de los servicios públicos, salvo causa de fuerza mayor y que estén recogidos en la ley.

Lejos de los artículos doctrinales que han abordado con sus comentarios las críticas sobre los defectos y virtudes del paradigma actual en el acervo normativo administrativo español sobre las relaciones electrónicas entre la administración y los administrados, vamos a tratar el tema de una forma sencilla y simple.

La Fiscalidad De Las “Cláusulas Suelo”
            -Asunto olvidado-

Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea de 21 de diciembre de 2106 por la que se interpreta que los efectos restitutorios de nulidad son de aplicación desde el mismo instante en el que la cláusula abusiva fue aplicada y la publicación del Real Decreto-ley 1/2017 de 20 de enero, de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo por el que se impulsa la creación de una vía previa que evite acudir a la vía judicial, a través de una reclamación extrajudicial para obtener de forma rápida y sin coste alguno la devolución de las cantidades resultantes de la aplicación de las cláusulas suelo, ha causado un aumento considerable de reclamaciones y demandas para lograr recuperar el pago de los intereses satisfechos indebidamente; pero la inmensa mayoría de los consumidores no ha reparado en la afectación fiscal una vez recuperada la cantidad devuelta por el banco y menos aún, hay poca información al respecto.

Vamos a abordar un análisis básico del marco normativo actual español y del futuro avance reglamentario del uso de estas aeronaves gobernadas por control remoto, puesto que un estudio profundo de la normativa nos llevaría afrontar un  trabajo más completo y exhaustivo.